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Somos ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, periodistas, activistas, familiares de desaparecidos y víctimas de la intervención militar. El ejército lleva más de 10 años en la calle y nosotros creemos que la seguridad se puede alcanzar sin guerra. No queremos más presencia de las fuerzas armadas, sino que regresen a sus cuarteles poco a poco. Pedimos paz y justicia para México con policías fuertes, capaces y valoradas. Detengamos la militarización, formemos policías.


El congreso y el gobierno quieren aprobar la Ley de Seguridad Interior para normalizar la presencia militar en la seguridad pública. Le dan al ejército un cheque en blanco para intervenir hasta en demostraciones pacíficas y para investigar, tomar declaraciones, recibir denuncias y detener a presuntos delincuentes, tareas que deben tener la policía y los ministerios públicos. Le están entregando todo el poder a una sola autoridad.

Desde que Calderón sacó al ejército a las calles para pelear la guerra contra las drogas, la violencia en el país se ha generalizado y vivimos en la impunidad casi absoluta. Hay 52 mil elementos desplegados, 213,000 muertos, más de 30 mil desaparecidos y el Ejército mata a 8 personas por cada una que hiere. Estamos sumidos en una crisis de derechos humanos; basta con ver la participación de militares en casos como Tlatlaya y Ayotzinapa.

El propio Secretario de la Defensa ha expresado que el ejército y la policía no se pueden intercambiar. A las fuerzas militares las entrenan para usar la fuerza contra un enemigo armado y vencerlo. La policía está pensada para enfrentar las amenazas a la seguridad con la menor cantidad de fuerza posible y combatir delitos con la cooperación de la población. Eso es lo que dice también la Constitución.

México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia. El Estado ha fallado en la capacitación de policías confiables que sirvan para prevenir el crimen y esta ley posterga la tarea aún más. Ya no podemos espera para trazar un plan de regreso escalonado de las fuerzas armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización de las policías para que sean eficaces y confiables. Felipe Calderón y Enrique Peña nos lo prometieron y ambos incumplieron.

La Ley de Seguridad es una amenaza para la democracia y hay que visibilizar las consecuencias atroces que ya ha tenido la estrategia de seguridad. Todavía estamos a tiempo para detener la aprobación de una ley que nos acerca a la realidad de un régimen militar.

Ayúdanos a hacer eco de las voces que reunimos aquí. Esta guerra hace mucho dejó de ser entre el ejército y los delincuentes. Si no la frenamos estamos todos en riesgo. ¡Detengamos la militarización!

Visita seguridadsinguerra.org y encuentra más información.

Difunde los riesgos de
seguir militarizando el país